Voy a escoger un momento arbitrario, caprichoso, para iniciar esta historia, una historia de final incierto, una historia de nunca acabar. No recuerdo la fecha con exactitud. Pero sí el mes y las circunstancias: noviembre de 2014, en las horas previas a un debate parlamentario sobre las consecuencias de las fumigaciones aéreas con glifosato. Me reuní con los expertos en salud ambiental del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud (INS). Oí atentamente sus presentaciones, la manera como resumían una literatura compleja, a veces contradictoria, a veces inaprensible.
No era experto en el tema, pero conocía en detalle un estudio realizado por dos de quienes habían sido mis colegas de la Universidad de los Andes. El estudio mostraba, a partir de una comparación ingeniosa entre la salud de los residentes en una franja de diez kilómetros a lo largo de la frontera con Ecuador (donde no se fumigaba) y la salud de los residentes por fuera de la franja (donde sí se fumigaba), que las aspersiones con glifosato estaban asociadas con más abortos espontáneos y una mayor prevalencia de enfermedades dermatológicas y respiratorias.
Expuse las conclusiones del estudio, defendí el método estadístico del artículo mencionado ante la mirada escéptica de los epidemiólogos de medio gobierno. Comprendí, entonces, que la defensa del glifosato hacía parte de la inercia institucional, que los técnicos llevaban mucho tiempo defendiendo una postura y no iban a dejar que un estudio arruinara una narrativa precisa que había tomado muchos años en construirse.
El debate parlamentario no salió bien. Apelé a la ambigüedad estratégica, a la tibieza para conciliar mis convicciones con las recomendaciones de los expertos. Los congresistas señalaron con razón que el glifosato, para el Gobierno de Colombia, parecía afectar la salud de los ecuatorianos, pero no la de los colombianos. “Somos el único país del mundo que fumiga, que para matar la mata que mata, mata a su gente”, dijo uno de ellos. “La evidencia no es definitiva” era la línea oficial.
Cuatro meses después del fallido debate, recibimos una noticia inesperada. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) acababa de publicar los hallazgos principales de una monografía sobre las propiedades carcinogénicas de varios herbicidas. La conclusión principal era clara: “La exposición al principio activo glifosato está relacionada con linfoma no Hodgkin en humanos y carcinoma tubular renal, hemangiosarcoma, tumores en piel y adenoma pancreático en animales de experimentación (ratones)”.
Recuerdo que, el día de la publicación de la noticia, el viceministro de Salud Fernando Ruiz entró a mi oficina y me dijo: “Ya no hay forma de defender las fumigaciones”. Entendí, por supuesto, que no había espacio para posiciones dubitativas, que el escepticismo estratégico (la posición oficial durante décadas) era insostenible. “Tengo que hablar con el presidente Santos ”, dije.
Tres días después, en Cali, al final de un día atareado, en medio de una charla informal, le mencioné el asunto al presidente. “Yo quiero tomar esa decisión”, me dijo. “Hagan todo lo que tengan que hacer”, insistió. El general Naranjo hizo parte de la conversación, escuchó los argumentos y sentenció sin reservas: “Estoy de acuerdo, es una decisión inaplazable”. Lo decía un funcionario que había estado al frente de las fumigaciones durante años, que había fumigado, digámoslo así, más de un millón de hectáreas.
Me tomé en serio la voluntad presidencial. Reunimos al equipo del ministerio. Repasamos la monografía. Revisamos los argumentos técnicos y jurídicos. Escribimos un breve artículo (gobernar también es escribir) y nos lanzamos al agua. O mejor, al fuego, amigo y enemigo. Tres días después, los noticieros de televisión anunciaban con estruendo que el Ministerio de Salud y Protección Social iba a pedir la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas con glifosato.
Algunas semanas después se reunió el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en medio de un frenesí mediático, de cámaras y reflectores. El fiscal Eduardo Montealegre hizo una larga disquisición jurídica en favor de la suspensión de las aspersiones. “Creo en la eficacia de las aspersiones, pero, en cualquier ponderación razonable, primero debe estar la salud de la población”, explicó. Había olvidado un detalle fundamental: las aspersiones se habían tornado ineficaces y eran, además, ineficientes. Había que fumigar treinta hectáreas, decían los estudios, para erradicar una sola de forma definitiva.
Seguidamente, habló el procurador Alejandro Ordóñez. Hizo una larga intervención, circular, repetitiva, por momentos exasperante, a veces fascinante en su grandilocuencia, en su santanderismo exaltado. Habló más de una hora sobre el imperativo ético de combatir el narcotráfico con todos los medios disponibles.
Yo expuse los argumentos ya mencionados. Me los había aprendido de memoria. Los había repetido tantas veces que sabía, incluso, adornar el alegato con silencios dramáticos y énfasis retóricos. De un lado, dije, están los argumentos científicos, la presencia de un hecho científico nuevo: 17 expertos de 11 países revisaron 403 estudios y concluyeron que existe una “asociación positiva” entre el glifosato y el cáncer en humanos, y un “nexo causal” en animales.
De otro lado, enfaticé, están los argumentos jurídicos, la jurisprudencia reiterada de la Corte y la misma admonición de la Ley Estatutaria de Salud: “El Estado tiene la obligación de abstenerse de afectar directa o indirectamente el disfrute del derecho fundamental a la salud […] y de no realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas”.
El CNE decidió el fin de las aspersiones. En el Congreso, en muchos foros, en varias entrevistas y programas de televisión, tuve que explicar repetidamente, con un exceso de pedagogía, las razones por las cuales se suspendían las aspersiones aéreas, pero continuaban los usos agroindustriales del glifosato. La aplicación del principio de precaución, argumenté, es compleja, depende del contexto social e institucional. En el caso de las aspersiones a cultivos de coca hay varios agravantes: las hace el Estado y afectan a una población sin medios alternativos de sustento y que no puede gestionar el riesgo.
Un jardinero, por ejemplo, puede, mediante normas conocidas de seguridad laboral, disminuir ostensiblemente el riesgo asociado a la exposición. Un campesino no: el glifosato cae del cielo en grandes concentraciones, de manera intempestiva, sin advertencias ni explicaciones.
Estos argumentos nunca convencieron a los ya convencidos de lo contrario, a quienes señalaban que los argumentos de salud pública eran un barniz conveniente para una decisión política. Más de diez años después del fin de las fumigaciones, los críticos siguen levantando el índice acusador y elevando sus voces: “Lo dijimos”, dicen. “Estamos inundados de coca”, reiteran.
El debate es complejo. Las causas del aumento de los cultivos de coca son múltiples e incluyen las expectativas de una compensación (anunciada en 2014) para quienes erradicaran los cultivos y las nuevas formas de control territorial. El fin de las aspersiones pudo haber incidido, pero los expertos coinciden en que no ha sido el factor preponderante. Está lejos de serlo.
La fumigación con drones ha surgido ahora como una alternativa. Participé en los primeros debates al respecto. Nadie lo decía explícitamente, pero muchos pensaban que esta opción era marginal, un intento no por resolver el problema, sino por aparentar que se estaba resolviendo: pura retórica de la acción.
El debate sobre las aspersiones aéreas es, en última instancia, un debate simbólico. El glifosato se convirtió en una forma eficaz de mostrar o señalar la voluntad de luchar contra el narcotráfico. Es un cuadrilátero conveniente para la política, pero un asunto irrelevante —casi marginal— en términos de políticas públicas. Incluso los expertos que defienden el reinicio de las aspersiones señalan que su efecto sería marginal y que solo se justifican como una política transitoria de contención.
Este debate es un ejemplo más de la teatralidad de la política, de la fijación con políticas simbólicas, pero irrelevantes, tan común en estos tiempos de distracción y frivolidad.